En esta etapa, la entidad promotora debe informar a los pueblos indígenas u originarios sobre sobre la medida y las consecuencias en sus derechos colectivos, con el fin de que cuenten con todos los elementos necesarios para analizar la medida.
Es importante utilizar un lenguaje sencillo y herramientas con pertinencia intercultural (gráficos, maquetas, mapas, entre otros) para facilitar la comprensión de los contenidos de la medida y temas técnicos.
Treinta (30) días calendarios como mínimo, y como plazo máximo sesenta (60) días calendarios contados a partir de finalizada la etapa de publicidad.
La entidad promotora y los representantes de los pueblos indígenas u originarios consultados. Además, también participan en esta etapa los faclitadores/as, los intérpretes y/o traductores, los asesores/as de los pueblos indígenas consultados, cualquier administrado, como las empresas, entre otros siempre que sea a pedido de alguna de las partes. El administrado no es una parte del proceso de consulta.